El Gobierno aparca la privatización de las torres de control para evitar otro choque con sus socios

Ninguno de los agentes del sector consultados por este periódico tiene noticias sobre el proceso. Ni aerolíneas, ni Aena, ni los trabajadores de Enaire -la empresa pública que gestiona actualmente estas infraestructuras-, dicen saber nada acerca de las intenciones del departamento de Transportes con esta iniciativa. Respecto a los planes futuros de la actual gestora, Puente tan solo se refirió a ella en el Congreso para asegurar que seguirán con la hoja de ruta marcada para su «ambicioso plan de vuelo». «Dentro de esta agenda se encuentran algunos hitos como la modernización tecnológica y la gestión del tráfico de drones», dijo el vallisoletano sobre Enaire. A la pregunta de este periódico, fuentes del antiguo departamento de Fomento se limitan a decir que es un tema «aún pendiente de decidir».

Lo cierto es que el Ministerio de Transportes sabe que esta es una iniciativa que puede llevar al Gobierno a un nuevo enfrentamiento con sus socios. Ya lo fue en el pasado. De hecho, varias de las formaciones clave que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez aparcaron en el Congreso la orden ministerial que daba pie a la privatización de las torres de los aeropuertos de Bilbao, Santiago-Rosalía de Castro, Palma de Mallorca, Málaga-Costa del Sol, Gran Canaria, Tenerife Sur y Tenerife Norte-Ciudad de la Laguna. El equivalente a un tercio del tráfico aéreo en los cielos españoles.

En concreto, fueron Unidas Podemos, Bildu, ERC y el BNG, las que mandaron a revisión la hoja de ruta para licitar las infraestructuras. Todas se posicionaron del lado de los sindicatos de Enaire, que temen otro proceso como el llevado a cabo en 2011, cuando se decidió sacar a concurso las torres de los aeropuertos de La Coruña, Alicante, Ibiza, Jerez, Madrid-Cuatro Vientos, Sevilla, Valencia, Vigo, La Palma, Lanzarote, Fuerteventura y Sabadell.

Transportes tendrá también muy complicado contar con el apoyo de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, con la que ya batalla por la ampliación de Barajas, y que el año pasado se mostró contraria al plan de liberalizaciones. «La privatización de las torres es incidir en un modelo de infraestructuras que ha fracasado: mayores costes para el usuario, precarización de las condiciones de las personas trabajadoras y pérdida de control de lo público», puso Sumar en un mensaje en redes sociales tras conocer el plan del Ministerio.

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Son los mismos argumentos usados por los representantes de los trabajadores de Enaire, que incluso llegaron a plantear huelgas si el proceso hubiera salido adelante. «Parece que ha quedado aparcado, porque tal como nos cansamos de repetir en su día, no tiene ningún sentido», explica Pau Marí Sánchez, portavoz de USCA -asociación que representa al 90% del gremio de controladores aéreos-, que asegura que no ha habido interlocución con Transportes sobre el tema.

La apertura a la competencia de los servicios de tránsito aéreo es una de las principales peticiones de las aerolíneas a Transportes, que ya alegaron durante el proceso de consulta pública el año pasado a favor de la misma. Para ello se apoyaron en un informe de la CNMC que cuantificó que entre 2012 y 2017, el coste de prestación del servicio de tránsito de aeródromo por movimiento se redujo en un 60% en las torres licitadas frente a un 15% en las no liberalizadas en el mismo periodo.

Las aerolíneas siguen esperando algún guiño del nuevo ministro Puente, que desde su aterrizaje solo ha tenido mimos para el tren y anuncios regulatorios para ellas, como la subida de las tarifas de Aena y el veto a los vuelos cortos.