Panamá concede un salvoconducto al expresidente Martinelli para refugiarse en Nicaragua
El exmandatario, condenado por corrupción, tiene un plazo de cuatro días para irse. Mientras las autoridades alegan cuestiones humanitarias, referentes políticos y sociales denuncian un pacto de impunidad

Tras un año escondido en la Embajada de Nicaragua en Panamá, el expresidente Ricardo Martinelli obtuvo la venia del Gobierno de su alfil José Raúl Mulino para escapar del encierro y refugiarse en ese país centroamericano por razones “humanitarias”. “Dado que los tiempos de la justicia no siempre coinciden con los tiempos que exige la salud, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha decidido reconocer el asilo”, dijo el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, este jueves.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo otorgó asilo político a Martinelli el 7 de febrero de 2024, después de una condena a 10 años de cárcel en su contra por desviar y blanquear dinero de contratistas de su Gobierno para comprar una editora de medios. Martinelli sostenía que era víctima de persecución política, pero la Cancillería de Panamá dijo entonces que los procesos que enfrentaba eran por delitos comunes, no por causas políticas, y negó el asilo. Las razones de la actual gestión para reconocerlo son conocidas.
Mulino es hoy presidente de Panamá gracias a esa condena: era su candidato a vicepresidente, pero quedó con el primer puesto después de que Martinelli fuera inhabilitado para ejercer funciones públicas. Con la ilusión de obtener su libertad, el expresidente apostó de todas las formas posibles a la campaña de su amigo —fondos, cara, organización, y el peso de su fenomenal popularidad—. Mulino ganó las elecciones en mayo de 2024 con más de un tercio de los votos y se lo agradeció: “Mi amigo, misión cumplida, mi hermano”. Martinelli festejó en la red social X: “Esta es la cara de un hombre feliz y contento”. Con el correr de los meses, la alegría mutó en enojo.
Martinelli quería la libertad en Panamá, Mulino no lo quería libre y ofrecía la opción que terminó de concretarse hoy. Ahora el expresidente tiene cuatro días, hasta la medianoche del próximo lunes, para abandonar el país. Esta vez, no celebró: “Me han hecho una condena política, soy totalmente inocente y me han perseguido políticamente”, dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde avisó que analizará los pasos a seguir.
La medida no conformó a nadie. Martinelli lo ve como una traición. Políticos y líderes de la sociedad civil, como un pacto de impunidad. “Es una pena que el asilo, una institución noble surgida para proteger a quienes son perseguidos políticos, sea utilizada para lograr impunidad”, dijo Lina Vega, presidenta del capítulo local de Transparencia Internacional. El líder de la coalición política VAMOS, Juan Diego Vásquez, coincidió: “Martinelli no debe ir a Nicaragua, debe ir a la cárcel y cumplir la condena que se le impuso”. Ana Matilde Gómez, exprocuradora, también: “Es una burla al pueblo y un golpe mortal a la eficacia de la justicia”.
Ricardo Lombana, excandidato presidencial por el Movimiento Otro Camino (MOCA), además cuestionó el reconocimiento del asilo concedido por “un régimen dictatorial” como el de Nicaragua. Al mismo tiempo, decenas de referentes soltaron su indignación en redes sociales, recordando el largo historial de corrupción de Martinelli.
La era Martinelli
Presidente desde 2009 hasta 2014 por el primer partido que fundó, Martinelli hizo de la voracidad una personalidad. Durante la campaña prometió acabar con las mafias, pero su gobierno parió una infinidad de escándalos y quedó primero en el podio de los más corruptos de la historia del país.
Ni bien dejó el cargo, enfrentó múltiples procesos judiciales en Panamá por espiar a opositores y periodistas, sobrecostos y lavado de dinero de sobornos. Países como España e Italia también lo investigaron por cuestiones parecidas: blanqueo de coimas en contratos adjudicados a la empresa española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) o sobrecostos en la compra de radares a la italiana Finmeccanica.
Una Corte de Estados Unidos condenó a sus hijos a prisión en mayo de 2022 “por su papel en el lavado de 28 millones de dólares en un esquema internacional de sobornos y lavado de dinero involucrando a la constructora Odebrecht SA.”. Pocos minutos antes de conocer ese destino de encierro, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares culparon a su padre por haberlos inducido a cobrar, mover y ocultar el dinero ilegal de la constructora brasileña.
En Panamá, donde Odebrecht cosechó 25 contratos con sobrecostos que superaron los 2.000 millones de dólares y donde pagó sobornos por millones de dólares, aún no hay condenas. Sin embargo, la evidencia contra Martinelli, sus hijos, amantes y asesores es monumental: el expediente tiene 915.000 hojas atiborradas registros bancarios y societarios, documentos oficiales con movimientos migratorios y compra de bienes, esquemas infinitos de la ruta del dinero oscuro y las declaraciones de testigos protegidos, además de las de los imputados.
El juicio, donde también está acusado el expresidente Juan Carlos Varela, fue pospuesto cuatro veces y está anunciado para noviembre de este año. Si Martinelli usa el salvoconducto, para esa fecha estaría viviendo en otro país.
Martínez-Acha dio a entender que la medida no lo exime de ningún proceso. “Este asilo se reconoce y el salvoconducto se otorga por causas estrictamente humanitarias, pues le permitirá a Ricardo Martinelli continuar su defensa en condiciones más favorables que las actuales como acceder, en libertad, a tratamiento ambulatorio que mejora significativamente su calidad de vida”, dijo en la declaración del jueves.
En Panamá, donde hay numerosos antecedentes de Martinelli en esquivar la justicia, la interpretación es distinta. “Se ha burlado una y mil veces de la justicia y cuando finalmente es condenado por uno de sus tantos abusos, vuelve a burlarse”, dijo Vega.
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